La ley limita la autonomía de las mujeres, ignora que casi el 90% de las menores que han abortado lo han hecho acompañadas e informando a sus progenitores y pone en riesgo a las jóvenes con riesgo de sufrir violencias o caer en la exclusión social. Sociedades médicas y de salud y la FPFE han firmado esta declaración.
