En el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina recordamos algunos requisitos imprescindibles para prevenir, detectar y erradicar esta grave violación de los derechos humanos.
En nuestro país viven cerca de 70.000 mujeres procedentes de países en los que se practica la mutilación genital femenina (MGF), de las que más de 18.000 son niñas menores de 14 años. Si bien es una práctica que afecta de forma directa a los genitales y, por lo tanto, parece inscribirse en una esfera de las mujeres privada y, a menudo, considerada tabú, en realidad nos encontramos ante una cuestión pública, que requiere conocimiento y sensibilización por parte de toda la sociedad tanto por sus implicaciones en la vida de las mujeres y en su bienestar como por sus causas, que constituyen una muestra extrema de la desigualdad de género.
El trabajo de intervención parte de hacer visible esta realidad, sensibilizando a la población general y provocando un cambio de actitud de las familias ante la mutilación, actuando así antes de que la MGF se practique, para impedirla. Así mismo, resulta fundamental detectar a las mujeres y niñas que ya han sido mutiladas, identificar las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de la mutilación y acompañarlas y dar respuesta a sus necesidades.
En este sentido, la educación sexual constituye una herramienta imprescindible. El trabajo con las mujeres ha de ir más allá de la intervención quirúrgica sobre sus genitales, facilitando la aceptación de sus cuerpos, que mantienen su capacidad para experimentar placer y otras sensaciones, y abordando cuestiones relacionadas con los afectos, la comunicación, las relaciones de pareja o la desigualdad de género.
El trabajo sobre MGF requiere, por otra parte, un trabajo multidisciplinar y la implicación de diversas instituciones y organismos (administraciones públicas, profesionales, entidades) que incluya, al menos en primera línea, los ámbitos sanitario, social y educativo, y en el que participen mediadoras y mediadores interculturales y profesionales de los departamentos de protección de la infancia, asociaciones de población migrante, entidades especializadas y servicios comunitarios.
En el ámbito legislativo resulta imprescindible, así mismo, adecuar la Ley Orgánica de Violencia de Género a las nuevas formas de violencias contra las mujeres, reconociendo la MFG como una de estas formas de violencia. También es necesario dar seguimiento a los compromisos adoptados en el ámbito internacional y europeo, como por ejemplo el Convenio de Estambul sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en el que ya se incorporan estas formas de violencias más invisibilizadas.
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