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Aborto: Instamos al Gobierno a no hacer un viaje al pasado

En el Día de Acción por un Aborto Legal y Seguro, instamos al Gobierno a respetar a la mayoría social y a cumplir las directrices internacionales de reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

La Federación de Planificación Familiar Estatal insta al Gobierno y particularmente al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a que escuche a las ONG, a las organizaciones científicas, a las Asociaciones de Mujeres, a la sociedad civil, a los grupos políticos y que analice la situación del aborto en toda Europa para no hacer un viaje al pasado en materia de sexualidad.

En palabras de Luis Enrique Sánchez Acero, presidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal y especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, “si el ministro hiciera esa ronda de conversaciones, estudiara bien cuál es la situación del aborto en Europa y viese los datos actuales en España, se daría cuenta de que desde la aplicación de la actual Ley, hay datos positivos. Las tasas de aborto voluntario han disminuido respecto al año anterior de su aprobación, se ha conseguido incluir, con cargo a la financiación pública de medicamentos, varios grupos de contraceptivos de última generación, la liberalización en farmacias de la anticoncepción de urgencia (píldora del día después) no ha supuesto riesgos para las jóvenes e, igualmente, ya hay datos que confirman que esta medida contribuye a reducir las tasas de embarazo no deseado”.

España ha suscrito todos los acuerdos y resoluciones internacionales emanados de las Conferencias de Beijing y El Cairo que comprometen al gobierno a respetar el derecho de las personas a una sexualidad satisfactoria, a decidir tener hijos o no tenerlos, a optar por contraer matrimonio o no y a garantizar el acceso de las personas a métodos efectivos de contracepción.

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud y otras Agencias Internacionales promotoras de la Salud han establecido resoluciones y directrices para garantizar en todo el mundo el acceso de las mujeres y los hombres a los Servicios de Planificación Familiar y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de seguridad y legalidad para evitar la mortalidad y las secuelas derivadas del aborto.

Actualmente -señala Sánchez Acero-, en España tenemos la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que ha consolidado estos derechos. Lo que hace falta en este momento no es cambiar la ley sino desarrollar los aspectos de la misma que aún no se han implementado, especialmente la extensión de la educación sexual entre la juventud”.

Sánchez Acero subraya que: “El cambio legislativo que el ministro de Justicia plantea pone todos estos derechos en peligro y supone un retroceso a la época franquista en la que las mujeres españolas abortaban en Inglaterra, Holanda y otros países. Ya no solamente se puede vulnerar el derecho de las mujeres a decidir en un plazo razonable, sino que se pueden crear las condiciones para que con una Ley de supuestos restrictivos se fomente  indirectamente el recurso a abortos y medicaciones clandestinos”.

Todos los datos sociológicos indican que en nuestro país hay una mayoría social, que incluye también a votantes del PP, que está en contra de este cambio legislativo que se ha ido desgranando en la prensa. El Gobierno no puede ser prisionero de grupos confesionales y de políticas que al negar la sexualidad, los contraceptivos y otros derechos de las mujeres contribuyen objetivamente a empeorar la salud publica.

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