La salud sexual está ligada a la posibilidad y el derecho de obtener placer y experiencias sexuales seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Este derecho tiene que ser respetado y protegido.
La Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, junto con Sida Studi, han hecho público un comunicado en el que señalan que sigue sin implantarse la educación sexual y reproductiva en los currículos escolares y la formación profesionales, y que se «siguen recortando derechos como son la reducción al acceso de anticonceptivos de última generación, y se continúa aplicando el Real Decreto que deja sin tarjeta sanitaria a personas en situación administrativa irregular. Medidas, todas ellas, que afectan directamente a los colectivos más vulnerables y, fundamentalmente, a las mujeres más jóvenes».
Además, ambas entidades rechazan –de nuevo- la última reforma aprobada por el Gobierno del PP el mes de septiembre del 2015, que obliga a las mujeres jóvenes de 16 y 17 años a disponer de la autorización de los progenitores para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.
En este sentido el director del CJAS, Jordi Baroja, afirma que «desde que se ha aplicado la reforma de la ley hasta hoy, ya hemos conocido en nuestra entidad casos en que las jóvenes han sido privadas de su derecho a decidir sobre el propio cuerpo dejándolas, no sólo en una situación de desamparo familiar, sino también en una situación de desprotección que las aboca a las peores consecuencias: la clandestinidad o ser madres de una criatura no deseada«.
La decisión del Gobierno del Estado de anular la capacidad de decidir sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años es calificada por las entidades firmantes como «devastadora», ya que «a pesar de que los estudios confirman que las jóvenes de 16 y 17 años que abortan son sólo un 3,6% del total y que más del 87% de estas jóvenes informan a sus tutores legales por voluntad propia, el Gobierno del PP decidió poner en riesgo la vida de las jóvenes que no pueden informar a sus familias, por motivos relacionados con una situación familiar compleja. Son mujeres que viven situaciones de violencia, desestructuración y desamparo familiar y que así lo acreditan los y las profesionales que las atienden. Un colectivo que sufre el máximo riesgo de vulnerabilidad social».
Por ello, apelan a los gobiernos para que cumplan su compromiso de garantizar los derechos sexuales y reproductivos como eje fundamental en las políticas que deben construir el futuro del país.
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