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La eliminación de fondos a UNFPA tiene que ser contrarrestada

Denunciamos que el Gobierno de Estados Unidos retire los fondos anuales al Fondo de Población de Naciones Unidas. La comunidad internacional debe garantizar el acceso de todas a la salud sexual y reproductiva.

Lamentamos profundamente la decisión de la Administración de Estados Unidos de retirar los fondos anuales al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA). Este organismo internacional de la ONU, que trabaja en más de 150 países, es el mayor proveedor internacional de planificación familiar y atención en salud reproductiva. UNFPA no sólo proporciona información y orientación sobre planificación familiar, sino que también presta atención obstétrica de emergencia, capacita a las parteras, trabaja para acabar con la mutilación genital femenina y prevenir y reparar las fístulas obstétricas,  y combate el matrimonio infantil y las violencias contra las mujeres y niñas.

 Se estima que el recorte de fondos -que representa casi el 10% del presupuesto total del UNFPA- impedirá que este organismo preste servicios esenciales a unos 10,5 millones de personas (principalmente mujeres, niñas y jóvenes). El organismo no podrá atender a 9 millones de personas en crisis humanitarias y se quedarán sin apoyo más de 750 clínicas móviles en situaciones de emergencia.

Con fondos estadounidenses en 2016 solamente, el UNFPA estima que sólo en 2016 pudo:

• Evitar la muerte de 2.340 mujeres durante el embarazo y el parto
• Prevenir 947.000 embarazos no planificados
• Asegurar 1.251 cirugías de fístula
• Prevenir 295.000 abortos inseguros
• Ayudar a 3 millones de parejas a evitar embarazos no deseados

La FPFE colabora con UNFPA en el Estado español, tanto para el lanzamiento anual del Informe sobre la Población Mundial de este organismo, como en otras labores de sensibilización. Manifestamos nuestra solidaridad con las personas que trabajan con UNFPA, y a través de ellas con todas las personas cuya atención corre peligro.

Ahora más que nunca la comunidad internacional, incluidos de manera fundamental los gobiernos como responsables máximos de garantizar el disfrute del derecho a la salud de todas las personas, debe trabajar para asegurar que la salud y los derechos de las mujeres y niñas que están en situación de vulnerabilidad estén protegidos. Por nuestra parte, seguiremos trabajando para ello.