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Este proyecto de ley supone un retroceso de treinta años

La FPFE rechaza el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros para reformar la ley que regula el aborto, solicita que sea retirado y que se aplique de manera completa la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.

El proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros pretende acabar con el derecho a decidir de las mujeres y con la concepción integral de la salud sexual y reproductiva que la actual ley contiene, tal y como lo indica la propuesta de cambio de nombre de la ley.

Con este proyecto, el gobierno quiere alejar a nuestro país del marco legislativo predominante en Europa, para situarnos con Malta, Irlanda, Andorra, San Marino, Mónaco o Liechtenstein, países con las leyes más restrictivas.  La FPFE también rechaza el secretismo con el que esta reforma legislativa se está llevando a cabo, sin ninguna participación de las organizaciones de la sociedad civil especializadas en salud reproductiva y sin la información pública preceptiva en todo proceso democrático.

La aplicación de la actual ley que ahora el gobierno quiere reformar no ha generado ningún problema de salud o jurídico y tampoco ha aumentado las cifras de aborto en nuestro país. Además, esta reforma se hace en contra de la opinión de la mayoría de la población, según han revelado diversas encuestas[1].

Estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo en países con leyes restrictivas y en otros con leyes basadas en plazos no varía en exceso, como lo muestra el ejemplo de Holanda, con una ley de plazos y una de las menores tasas de aborto  en Europa. Así, en su informe de 2012, la OMS señala que: “Ya sea que el aborto esté o no restringido por la ley, la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma”[2].

Por tanto, una ley restrictiva no va a hacer que disminuyan los abortos, sino que se éstos se produzcan bajo una inseguridad jurídica para las mujeres y para los profesionales que tendrán que justificar los supuestos, en un proceso más largo y difícil que va a añadir sufrimiento y riesgo para la salud de las mujeres y atendiendo a presiones y posturas morales que  ignoran tanto los derechos humanos como la salud y las evidencias científicas.

La FPFE lamenta que este intento de hacer retroceder décadas los derechos se esté acompañando de una paralización de la estrategia  de salud sexual y reproductiva, tal y como ha constatado un reciente barómetro europeo[3], lo que ha producido un retroceso en el acceso a métodos anticonceptivos seguros y eficaces, dificultades en el acceso a los servicios de planificación familiar y ausencia de implementación de una política de formación coherente hacia estudiantes y profesionales sanitarios.

Por todo ello la FPFE solicita que se retire el proyecto de ley presentado por el Ministro de Justicia Gallardón y que se aplique de manera total la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010, especialmente la inserción de la educación sexual en la educación primaria y secundaria, y la garantía del acceso universal a métodos anticonceptivos, incluyendo la píldora del día después. Dos elementos que, tal y como demuestran los datos científicos disponibles y a diferencia de las leyes restrictivas del aborto, reducen el número de interrupciones inducidas del embarazo.



[1] Según una encuesta de Metroscopia publicada en abril de 2013, Un 46% defiende el sistema de plazos frente a un 41% que solo acepta los supuestos.

[2] “Las restricciones legales llevan a muchas mujeres a procurar servicios en otros países, o de profesionales no capacitados o en condiciones no higiénicas, lo que las expone a un riesgo significativo de muerte o discapacidad. La proporción de mortalidad materna cada 100 000 nacidos vivos debido a un aborto inseguro suele ser más alta en los países con restricciones importantes y más baja en los países donde el aborto está disponible a requerimiento o en condiciones generales. La evidencia acumulada demuestra que la eliminación de las restricciones sobre el aborto produce una reducción de la mortalidad materna causada por el aborto inseguro y, en consecuencia, una disminución en el nivel global de mortalidad materna”. En: Aborto sin riesgos. Guía técnica y de políticas para sistemas de salud. Organización Mundial de la Salud, 2012.

[3] Barómetro de acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos modernos en 10 países de la Unión Europea. International Planned Parenthood Federation (IPPF). 2013.

Imagen de Pool Moncloa. https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/galeriasfotograficas/presidente/Paginas/2013/201213GaleriaCM.aspx

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