En septiembre de 2017 casi todos los grupos de la oposición firmaron el «Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal». Esperamos que este pacto sea tenido en cuenta.
La mayoría de los grupos políticos de oposición en el Congreso de los Diputados firmaron el 12 de septiembre de 2017 el “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal”. PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, EH-Bildu y Coalición Canaria han suscrito este acuerdo a propuesta de un grupo de más de 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER).
Todos los día 12 de cada mes a las 12.00 horas vamos a estar presentes en redes sociales con mensajes relativos a la firma del pacto y a la importancia de defender #NuestraSanidad. Además, seguiremos incidiendo en el Congreso para que se presente una Proposición de Ley que incluya:
- La restitución de la universalidad del Sistema Nacional de Salud, eliminada hace cinco años con la entrada en vigor del RDL 16/2012, que supuso la exclusión de las personas inmigrantes que residían en España en situación administrativa irregular.
- El fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud. Los recortes acometidos desde hace ya una década pueden suponer su deterioro y el desprestigio si la claramente insuficiente dotación que suponen se convierte en estructural. “Por una sanidad pública de calidad para todos y todas”.
Recordamos desde la FPFE que muchas mujeres se están quedando sin acceso a los servicios públicos de salud sexual y reproductiva por este Decreto del 2012 que ha supuesto el cambio del modelo sanitario en nuestro país, como puede leerse en el último informe de REDER:
5 mentiras que duelen. Informe REDER sobre exclusión sanitaria
Recordamos también algunos datos recogidos por REDER sobre la valoración ciudadana de la sanidad:
En 5 años se han multiplicado por 3 las personas que piensan que los hospitales, la atención primaria y especializada y las listas de espera han empeorado.
Los y las profesionales de salud reciben una valoración muy buena.
El aspecto que peor valoración recibe es el tiempo en hacer las pruebas diagnósticas que le indica el médico.
La ciudadanía dio en 2014 una respuesta clara al Ministerio de Sanidad: la sanidad debe estar gestionada por las administraciones públicas.
La sanidad pública se consolida como la opción preferida ante una necesidad de asistencia. En 2017 la preferencia por la Sanidad Pública era del 70%. Esta preferencia ha aumentado en más de tres puntos desde 2012.
A pesar de que la ciudadanía prefiere en su mayoría la sanidad pública, desde el recorte de 10.000 millones de euros que sufrió la sanidad pública española a comienzos de la crisis, los beneficios de las empresas que ofertan servicios sanitarios privados no ha dejado de crecer.
El gasto privado de las familias españolas en salud se ha disparado desde 2009. Este incremento exponencial se ha producido en paralelo a la caída del desembolso público en sanidad.
Sólo entre 2009 y 2013 las administraciones públicas redujeron su gasto en 9.022 millones de euros.
Todo ello, entre denuncias sindicales de derivación de pruebas diagnósticas y tratamientos desde servicios públicos a la sanidad privada pese a tener medios públicos infrautilizados en distintas comunidades autónomas. “privatización encubierta”
El último barómetro (julio de 2017) señalaba que la sanidad se mantiene como la quinta preocupación de los españoles, siendo el principal problema para un 10,2 por ciento de las personas encuestadas, aunque la cifra ha bajado desde febrero de este mismo año, cuando marcó un máximo histórico: 13,9%
A mediados de 2016, más de la mitad de los ciudadanos consideran que la enseñanza y la asistencia sanitaria no funcionaban satisfactoriamente.
#CopagoFarmacéutico: el 4,4% de la población dejó de tomar fármacos por no poder pagarlos.