Con más de 100 organizaciones de todo el mundo pedimos la eliminación de la ‘ley de mordaza global’, que impide el funcionamiento de muchos servicios de salud sexual y reproductiva
Nos unimos como organizaciones de la sociedad civil que, desde una diversidad de sectores y geografías, nos oponemos a la global gag rule o ley mordaza global (también conocida como la Política de la Ciudad de México) y pedimos el fin permanente de esta perjudicial política.
Esta política prohíbe la ayuda de Estados Unidos a organizaciones si estas proporcionan, promueven, asesoran sobre, o se refieren a servicios de aborto legal en su propio país, incluso si estas actividades están protegidas por la legislación local y/o de estar financiadas únicamente con fondos no estadounidenses. Desde 1984, esta política ha ido y venido con los cambios en la presidencia de Estados Unidos, dejando a los caprichos políticos la salud y la vida de millones de personas en situación de vulnerabilidad.
Como consecuencia de esta política, se han desmantelado servicios sanitarios vitales en comunidades de todo el mundo, muchos de las cuales ya sufren limitaciones para la atención sanitaria. Se han tenido que cerrar clínicas, se han eliminado actividades de divulgación dirigidas a poblaciones desatendidas y muchas personas han perdido el acceso a la anticoncepción y a muchos otros servicios sanitarios esenciales, lo que ha provocado más embarazos no deseados, más abortos inseguros y más muertes. Las organizaciones proveedoras de servicios que cumplen con la ley mordaza global se enfrentan a cargas administrativas costosas, arriesgadas e intensivas que limitan la ejecución eficiente de los programas y la cooperación.
Cuando está en vigor, la ley mordaza global restringe la información médica que pueden ofrecer las y los proveedores de atención sanitaria, limita la libertad de expresión y ahoga los esfuerzos locales de defensa de los derechos, al prohibir que las personas participen en los debates sobre políticas públicas. Numerosas investigaciones realizadas a lo largo de décadas y las experiencias directas de organizaciones que trabajan en diversos entornos demuestran que la ley mordaza global impide el acceso a una serie de servicios sanitarios –entre otros los de salud reproductiva, materna e infantil; de prevención y tratamiento del VIH, la tuberculosis, la malaria, e incluso algunos programas de nutrición- al cortar la financiación a proveedores con experiencia.
Incluso en los periodos en los que se deroga la ley mordaza global persiste el efecto amedrentador de esta política, por el temor a que sea reinstaurada por un futuro presidente estadounidense. Y cuando los presidentes la derogan inmediatamente después de tomar posesión, los servicios sanitarios de alta calidad tardan mucho en reanudar su participación en los programas estadounidenses en materia de salud mundial. La derogación permanente de esta política es una necesidad urgente para promover el progreso sostenible en la salud mundial y para construir y mantener relaciones a largo plazo entre el gobierno estadounidense, las organizaciones locales y las comunidades a las que sirven. Debemos poner fin a este ciclo destructivo de miedo y confusión generalizados que interrumpe los esfuerzos locales de las organizaciones y socava la labor vital de las organizaciones sobre el terreno. Poner fin definitivamente a la ley mordaza global eliminaría la amenaza de su restablecimiento y permitiría que los programas financiados por los Estados Unidos alcanzaran su pleno potencial, garantizando así que se satisfagan las necesidades y los derechos de las personas de todo el mundo.
Nos solidarizamos con quienes se oponen a la ley mordaza global y con las personas perjudicadas por ella. Juntas, hacemos un llamamiento a la acción urgente para poner fin a esta política de una vez por todas y así hacer avanzar la salud, los derechos humanos y la igualdad de género en todo el mundo.
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Desde Europa, también es esencial asumir un papel activo en la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos frente a los retrocesos globales. En este sentido, Countdown 2030 Europe destaca cómo las instituciones europeas y los Estados miembros pueden desempeñar un papel estratégico para mitigar los impactos de políticas como la ley mordaza global, fortaleciendo su liderazgo y financiación en salud sexual y reproductiva a nivel internacional. Reforzar los compromisos europeos, incluso cuando otros actores internacionales dan pasos atrás, es fundamental para garantizar que los derechos humanos y la salud no estén sujetos a vaivenes políticos.