Para garantizar la atención de la salud sexual es esencial contar con información pública detallada y actualizada. En España estamos lejos de contar con datos sobre la situación real de los servicios.
En el marco del Día Mundial de la Salud, recordamos que cuando se habla de garantizar el acceso a la salud sexual se suele hacer referencia a la existencia de servicios y recursos bien dotados, a que los circuitos de atención estén sistematizados y sean claros, o a la capacitación de profesionales. Pero estas cuestiones sólo cobran importancia real si sabemos cómo se están manejando. Porque para garantizar el derecho a la salud sexual, así como la efectividad de las políticas de salud, es esencial contar con información pública detallada y actualizada.
Por una parte, a través de estadísticas y datos epidemiológicos que permitan tener una visión precisa sobre las tendencias y desafíos en este ámbito y sobre cómo se organiza la prestación de servicios en los diferentes niveles del circuito sanitario público. Tiene que haber información sobre las políticas públicas que existen, sobre la existencia o no de servicios específicos, sobre los circuitos de atención para cada una de las prestaciones, o sobre los costes de suministros como los métodos anticonceptivos y su financiación pública.
Sin embargo, buscar estos datos en nuestro país es sólo para valientes. Las fuentes oficiales, tanto estatales como autonómicas, están muy desactualizadas, y hay una enorme heterogeneidad en el tratamiento de los datos por parte de las distintas fuentes, que utilizan indicadores diferentes y no equiparables.
Por otra parte, existen muchos y muy diferentes modelos de atención de la salud sexual -uno por comunidad autónoma- que no sólo implican diferencias y, lamentablemente, inequidades a nivel autonómico, sino también a nivel provincial y municipal. De hecho, hay diferencias en la atención en función del código postal en el que se esté empadronada. Todo esto hace enormemente difícil que se pueda conocer con detalle la situación real de la atención. Hasta el punto de que ni siquiera los y las profesionales conocen el funcionamiento real en su comunidad autónoma, más allá de cómo se organiza la atención en su centro o servicio.
Para mejorar la atención hay que poder evaluarla
Necesitamos información sobre la atención de la salud sexual. Disponer de datos sobre la organización de los servicios permite conocer el estado de la accesibilidad y la calidad de la atención. Además, permite evaluar internamente su suficiencia y calidad, la efectividad de las políticas existentes y, con base en la información sobre la cobertura geográfica, las inequidades y desigualdades en el acceso.
La evaluación facilita la identificación de buenas prácticas que sirvan de política demostrativa entre comunidades autónomas. Y de asuntos a mejorar en la atención de la salud sexual tanto a nivel autonómico como local, de manera que se puedan aplicar los cambios necesarios. Es urgente abordar la falta de uniformidad y desactualización en la recopilación y presentación de datos, así como en la organización de los servicios, para poder garantizar un acceso equitativo y de calidad a la salud sexual.