150 entidades estatales e internacionales entregan en el Ministerio del Interior una declaración para que se devuelva la declaración de utilidad pública a la FPFE y que la religión no se use como instrumento para gobernar.
La declaración «Somos de utilidad pública» surge como iniciativa al conocerse que el Ministerio del Interior ha revocado la declaración de utilidad pública de la FPFE después de que así se lo pidiera una asociación católica ultraconservadora. «Denunciamos con contundencia que las creencias religiosas se conviertan en instrumento para gobernar. La planificación familiar, la educación sexual y el aborto son legales y están regulados y normalizados en nuestra sociedad, y por tanto no pueden ser motivo de criminalización ni de acciones que pongan en peligro la existencia de las organizaciones civiles que los defienden», declaran las organizaciones firmantes.
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