El gobierno de Estados Unidos quiere incinerar anticonceptivos para que no sean entregados a mujeres que, sin ellos, sufrirán importantes limitaciones para poder planificar su reproducción.
En un almacén de una ciudad belga se encuentra un cargamento de anticonceptivos, por valor de casi diez millones de dólares, que debían llegar a mujeres que de otra manera no tienen acceso a la anticoncepción. Son anticonceptivos donados por la agencia de cooperación internacional para el desarrollo estadounidense, la USAID, antes de que Donald Trump volviera a convertirse en el presidente del gobierno de Estados Unidos. Pero no han llegado a sus destinos, casi todos en África, porque el actual gobierno ha decidido que, después de cancelar los programas de USAID, va a incinerar estos suministros en Francia.
La Reproductive Health Suplies Coalition (RHSC) cifra el valor económico de esos suministros en 9,7 millones de dólares y denuncia las consecuencias de su pretendida incineración:
- 362.000 embarazos no intencionados
- 110.000 abortos en condiciones de riesgo
- 718 muertes maternas evitables.
La Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF, ha ofrecido hacerse cargo de su recogida y distribución, pero el gobierno estadounidense se ha negado. Según las últimas informaciones, el gobierno belga está negociando el traslado de los anticonceptivos, mientras diversas organizaciones y partidos políticos piden a este gobierno y al de Francia que impidan la incineración en su territorio y actúen para que lleguen a su destino estos suministros cuya quema afectaría a 1,4 millones de mujeres.
«El desperdicio en lugar de los derechos humanos»
Diversas organizaciones internacionales, entre las que están IPPF y Countdown2030 Europe, a través de las cuales SEDRA-FPFE se une a su iniciativa, han emitido un comunicado en el que instan al gobierno estadounidense «a detener de inmediato esta destrucción sin sentido» y advierten de que «estas crueles acciones tendrán consecuencias de gran alcance». Además, llaman a la empresa francesa responsable de la destrucción de estos anticonceptivos a que reconsidere su papel: «Tiene una enorme responsabilidad moral y social. La empresa tiene el poder de rechazar este acuerdo. Los derechos sexuales y reproductivos no son una mercancía como cualquier otra que pueda desecharse».
Las organizaciones firmantes denuncian que la Administración Trump ha sido implacable en su obsesión por controlar el cuerpo de las mujeres, y que «este es el último ataque en una campaña a largo plazo para desmantelar el acceso a la salud sexual y reproductiva en todo el mundo».
El gobierno estadounidense ha rechazado todas las alternativas. Está optando por el desperdicio y la ideología extremista en lugar de la atención médica, los derechos humanos, la seguridad y la salud. Los informes indican que el costo de destruir estos suministros podría alcanzar los 167.000 dólares pagados por la ciudadanía estadounidense. Esta decisión no es una cuestión de dinero: la IPPF se ha ofrecido a recoger los productos en Bruselas, transportarlos y reempaquetarlos en su almacén en los Países Bajos y distribuirlos a mujeres de todo el mundo (….). Esta decisión implica imponer una agenda antiderechos en todo el mundo que niega a las mujeres la posibilidad de elegir cuándo y cuántos hijos tener».
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Su destino: países con limitaciones en el acceso a la anticoncepción
«Destruir productos listos para usar es atroz y un enorme desperdicio. Estos suministros médicos vitales estaban destinados a países donde el acceso a la atención reproductiva ya es limitado y, en algunos casos, formaban parte de una respuesta humanitaria más amplia, como en la República Democrática del Congo. La decisión de incinerarlos es injustificable y socava los esfuerzos para proteger la salud y los derechos de las mujeres y las niñas», ha declarado Marie-Evelyne Petrus-Barry, Directora Regional para África de la IPPF.
IPPF, citando a la RHSC, pone algunos datos a las consecuencias de la posible quema de anticonceptivos:
- Tanzania: No se distribuirían 1.031.400 anticonceptivos inyectables ni 365.100 implantes. Estos productos representan más del 50% del apoyo anual de USAID al sistema de salud de Tanzania y un alarmante 28% de las necesidades anuales totales del país.
- Mali: Se perderían 1.100.880 anticonceptivos orales y 95.800 implantes, lo que representa el 24% de las necesidades anuales de este país.
- Zambia: Se perderían 48.400 implantes y 295.000 anticonceptivos inyectables.
- Kenia: 108.000 mujeres no tendrían acceso a implantes anticonceptivos, lo que representa el 13,5% de sus necesidades anuales.
Entre las diversas iniciativas para evitar la incineración de los anticonceptivos destaca también la de We Move Europe, que está recogiendo firmas para instar a la Comisión Europea y a los gobiernos de Francia y Bélgica a que impidan dicha incineración y se coordinen para que los anticonceptivos puedan ser entregados a través de organizaciones humanitarias, «en consonancia con los compromisos de la UE, Francia y Bélgica de defender la salud y los derechos de las mujeres en todo el mundo». Las firmas se están recogiendo en la siguiente web: