La reunión anual de la Comisión sobre el Estado de la Mujer se ha abierto con una declaración política que no hace referencia a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
Tras tres semanas de difíciles negociaciones, los Estados miembros han logrado ponerse de acuerdo y adoptar por consenso una declaración política. Este es uno de los titulares que resumen las primeras jornadas de la reunión anual de la Comisión sobre el Estado Jurídico y Social de la Mujer (CSW) de la ONU, que conmemora este año el 30º aniversario de la histórica declaración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, adoptada por 189 naciones y considerada, aún hoy, el acuerdo internacional más avanzado y ambicioso en esta materia.
Otro de los titulares es que esa declaración es el fruto de unas negociaciones en las que se han vuelto a oír con fuerza las voces contrarias a los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por Naciones Unidas. Tanto, que la declaración aprobada no hace referencia a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos como esenciales para alcanzar la igualdad de género y uno de los ejes de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing que justamente se está evaluando en la CSW.
Así, se han eliminado contenidos que estaban presentes en los documentos de la Comisión sobre el Estado de la Mujer de años anteriores, como la necesidad del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, la necesidad de abordar los embarazos precoces o la necesidad de brindar información y educación sobre salud sexual y reproductiva, quedando fuera también la educación sexual. En definitiva, un retroceso en el compromiso de la comunidad internacional con la autonomía corporal y con la salud y la vida de las mujeres, a lo que se suma la ausencia de referencias a los derechos de las personas LGTBIQ+.
La red Countdown2030 Europe, de la que SEDRA-FPFE forma parte, lamenta en una declaración pública estas ausencias, «especialmente en un contexto internacional ya de por sí hostil», y recuerda que en las próximas semanas los Estados miembros van a negociar el programa de trabajo plurianual de la Comisión, en el que se establecen sus prioridades para los próximos cinco años. Advierte la red europea que «dadas las dificultades encontradas durante las negociaciones sobre la declaración política», es previsible que ese proceso «se enfrente a los mismos obstáculos», y afirma que «permaneceremos vigilantes para garantizar que los trabajos de la Comisión se centren en las mujeres y las niñas, la diversidad, los derechos humanos y las barreras estructurales» para la realización de los derechos.
Necesidad de combatir la violencia de género
La declaración política aprobada reconoce la necesidad de combatir la violencia de género, al tiempo que subraya la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales. Además, los Estados miembros se han comprometido a garantizar que las víctimas y supervivientes de la violencia sexual en los conflictos y en contextos de emergencia tengan acceso rápido y universal a servicios sociales y sanitarios de calidad, así como acceso a la justicia. Este compromiso es especialmente crucial en un contexto internacional en el que los conflictos se multiplican y los derechos y dignidad de las mujeres y niñas son violados. Sin embargo, hay que lamentar que esta sea la única referencia a la violencia sexual, una de las violaciones más graves contra la integridad física y psicológica de las mujeres y niñas.
Respecto a la salud, la declaración cuenta con una parte dedicada a la promoción de la cobertura sanitaria universal y el derecho al disfrute de salud mental y física, incluida la salud menstrual, que es esencial para la dignidad de las mujeres y las niñas.
La declaración también reitera la necesidad de que los Estados cumplan sus compromisos en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo en la cooperación internacional, y se reconoce la importancia de la financiación flexible, sostenible y a largo plazo de las organizaciones de sociedad civil para lograr la igualdad de género e implementar la Agenda 2030, así como el compromiso de garantizar espacios seguros para dichas organizaciones.
SEDRA participa
SEDRA-FPFE es una de las organizaciones sociales presentes en esta reunión mundial, y ha participado en un evento paralelo organizado por EU-LAC Foundation y en el que, bajo el tema central “Beijing+30: Transformando las arquitecturas financieras para la igualdad de género”, se han compartido propuestas sobre políticas públicas.
¿Qué es la CSW?
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, una comisión orgánica del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), es un órgano encargado de elaborar políticas de alcance mundial dedicadas exclusivamente a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La Comisión fue establecida en 1946 con el mandato de elaborar recomendaciones para promover los derechos de las mujeres en las esferas política, económica, civil, social y educacional. También se encarga del seguimiento, el examen y la evaluación del progreso alcanzado y los problemas que surgen en la aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing de 1995, y apoya la incorporación de la perspectiva de género. Los representantes de Estados miembros, entidades de las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades de carácter consultivo por el Consejo Económico y Social y otros sectores interesados participan en el período de sesiones de la Comisión, que se celebra anualmente en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El período de sesiones, que habitualmente se lleva a cabo durante diez días en marzo, es una oportunidad para examinar el progreso alcanzado hacia la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres, identificar los retos y establecer normas, disposiciones y políticas de alcance mundial. Durante el período de sesiones se llevan a cabo sesiones plenarias, mesas redondas de alto nivel, diálogos y coloquios interactivos, así como varios actos paralelos. El resultado principal del período de sesiones son las “conclusiones convenidas” sobre el tema elegido, producto de la negociación de todos los Estados miembros.