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«Cuatro años sin sanidad universal». Informe de REDER

«La salud en los márgenes del sistema» muestra que no se cumple el compromiso de garantizar la atención primaria a todas las personas. Entre los servicios que muchas mujeres no tienen está la planificación familiar.

Se cumplen cuatro años desde que el Gobierno retiró cientos de miles de tarjetas sanitarias, muchas de ellas a inmigrantes en situación irregular. El 31 de marzo parecía que su suerte iba a cambiar. El entonces Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, renegó, aunque solo en parte, de su propia reforma sanitaria de 2012: «No tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria». Hoy, un año y medio después de anunciar que se les devolvería el derecho a acudir a la consulta de atención primaria (a las personas que estuvieran empadronadas al menos seis meses), no hay rastro del documento que garantice ese derecho.

REDER, de la que forma parte la FPFE, ha hecho público un informe, «La salud en los márgenes del sistema», en el que se recuerda que entre abril y julio de este año se han podido documentar 338 casos de vulneraciones del derecho a la salud, con las que se acumulan ya 2.496 desde la creación de REDER, hace dos años. En una quinta parte de los casos recogidos ni siquiera se cumple la ley, como demuestran los 14 casos de embarazadas sin atención, los 35 de niños y niñas, los 3 de solicitantes de asilo y los 20 ocurridos en urgencias. Además, se han recopilado 14 testimonios de personas ancianas con residencia legal en España a las que se niega la asistencia tras haber llegado a nuestro país por procesos de reagrupación familiar.

Ante los evidentes efectos dañinos de la normativa estatal, todas las comunidades autónomas – a excepción de Castilla y León y La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla – han aprobado medidas con la intención de contrarrestar la reforma sanitaria. Algo que choca con el inesperado respaldo que le ha prestado el Tribunal Constitucional, contradiciendo sus propios autos anteriores y avalando así que la salud y la vida de miles de personas quede supeditada a la consecución de un supuesto ahorro económico.

REDER alerta de que ante el estancamiento del actual contexto político, resolver una situación que afecta a la vida de miles de personas es ya no sólo urgente, sino inaplazable. Teniendo en cuenta que la mayoría parlamentaria la componen partidos que han manifestado su compromiso con la sanidad pública y universal, las organizaciones miembro de REDER les exigimos que pongan la salud en el número uno de sus prioridades y acaben de una vez por todas con la exclusión sanitaria.

Mientras tanto, a los gobiernos autonómicos REDER les pide que lleguen al límite de sus competencias para garantizar que todas las personas que viven en su territorio puedan acceder a la asistencia sanitaria sin discriminación alguna. Al personal sanitario, de administración y gestión del Sistema Nacional de Salud, les invita a sumarse al movimiento de objeción de conciencia, recordando que existe el derecho y el deber de no colaborar con violaciones de derechos humanos. Y al conjunto de la sociedad civil a apoyar las acciones de rebeldía frente a esta legislación injusta.

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