Incumpliendo la legislación, varias comunidades autónomas han dejado de pagar a las clínicas que llevan a cabo los abortos derivados del Sistema Nacional de Salud. La situación se vuelve insostenible.
En los casos en los que son muy pocas las intervenciones que se llevan a cabo en el sistema público, este impago supone la eliminación en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Distintos gobiernos autonómicos, entre ellos los de Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha…, adeudan a los centros acreditados para la Interrupción Voluntaria del Embarazo cerca de 8 millones de euros, situación que está asfixiando económicamente a las clínicas, que siguen realizando las intervenciones derivadas por la Sanidad Pública.
De no solventarse esta deuda, los centros se verían abocados al cierre, al no poder sostener con sus fondos propios una prestación cuya gratuidad corresponde garantizar a las distintas Administraciones Autonómicas.
La Asociación de Clínicas Acreditadas –ACAI- se reafirma en que el impago de la deuda a los centros, así como, la falta de dotación presupuestaria encubre un propósito evidente: desmantelar la prestación lentamente por la vía de la asfixia económica hasta que la reforma anunciada por el Titular de Justicia limite a la mínima expresión el derecho de las mujeres a decidir.
Los contactos mantenidos por esta Asociación tanto con el Ministerio de Sanidad como con distintos gobiernos autonómicos, hacen presuponer a los y las profesionales de ACAI que la prestación sanitaria de aborto provocado dejara de ser un recurso básico financiado por la Sanidad Pública, que saldrá de la Cartera Nacional de Servicios Sanitarios antes de fin de ano, como preámbulo a la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo.