El Ministerio de Sanidad ha publicado los datos sobre abortos en 2021. Sin cambios significativos: mismas tendencias y mismas desigualdades, a la espera de la aprobación y aplicación de la nueva ley.
De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, 90.189 mujeres interrumpieron su embarazo en 2021 en España. Una cifra que confirma la tendencia a la estabilización de la última década, con muy ligeras variaciones. El hecho de que en 2021 se haya dado el número más bajo de interrupciones voluntarias de embarazo de los 10 últimos años nos lleva a pensar que esta disminución tenga que ver con un mayor y mejor uso de anticonceptivos y con una mayor aunque todavía deficiente educación sexual, que contribuyen a acercarnos a la meta de que cada maternidad sea deseada.
Tampoco hay variaciones significativas en los demás datos ofrecidos por el Ministerio. Por mirar sólo dos de los datos principales, la inmensa mayoría de interrupciones sigue dándose en las primeras semanas de gestación (un 94,88% en las primeras 14 semanas de gestación), y se produce a petición de la mujer (un 90,98%).
En cuanto al método usado para la interrupción del embarazo, sigue prevaleciendo el instrumental o quirúrgico, con un muy leve aumento del aborto farmacológico, cuyo uso en España es reducido en comparación con el de países tan próximos como Francia o Portugal si tenemos en cuenta que la mayoría de las interrupciones de embarazo se producen en las ocho primeras semanas de gestación (un 72,42%), periodo en el que el método farmacológico está indicado y es muy eficaz.
Por otro lado, y de acuerdo con los datos del Ministerio, las mujeres siguen interrumpiendo su embarazo mayoritariamente en clínicas especializadas (84,33% de los abortos), y sólo el 15,67% de ellas se realizan en centros públicos. En este dato se reflejan desigualdades entre las comunidades autónomas:
Una vez más, en algunas comunidades autónomas no se ha realizado ningún aborto en los centros públicos. Son Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Nos parece difícil de explicar que en una comunidad se realicen abortos en 68 centros públicos (ejemplo de Cataluña) y en otras comunidades ningún centro público realice al menos una interrupción voluntaria de embarazo. Es difícil saber a qué se debe porque no existen datos que lo expliquen, pero nos tememos que se sigue produciendo objeción de conciencia no escogida sino impuesta por quienes son responsables de unidades sanitarias en los centros públicos. Por eso esperamos que con la nueva ley toda objeción de conciencia sea individual y registrada, de manera que todas las mujeres que lo deseen sean atendidas en estos servicios públicos y en ellos se puedan planificar y adecuar los recursos que permitan dicha atención. Porque los datos indican que, por ahora, sigue sin normalizarse la interrupción voluntaria del embarazo como prestación sanitaria en el sistema público, y por tanto sigue habiendo mujeres que tienen que desplazarse fuera de las provincias donde residen para poder abortar, especialmente en lugares en los que tampoco hay clínicas especializadas.