Las medidas anunciadas por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León para “prevenir abortos” suponen una coacción indebida e inaceptable para las mujeres y para las y los profesionales sanitarios.
Cuando las mujeres acuden a un servicio sanitario para interrumpir su embarazo es porque así lo han decidido. Dicho servicio sanitario tiene la obligación, por tanto, de ofrecer todos los servicios necesarios para gestionar y acompañar dicha decisión, de la misma manera que hay que ofrecer todos los servicios y acompañamientos necesarios a una mujer que decide ser madre. Usar un latido o una ecografía como método de prevención de un aborto no forma parte de un procedimiento sanitario que esté relacionado con los servicios necesarios cuando hay una demanda de interrupción de embarazo. Ofrecer oír el latido fetal, ver una ecografía o recibir atención psicológica suponen en este caso una coacción además de la asunción de que las mujeres son personas incapaces que necesitan ser tuteladas. Supone infantilizar y ningunear a las mujeres.
Por otro lado, las medidas anunciadas por el vicepresidente supondrían, de ser aplicadas, obligar a las y los profesionales sanitarios a asumir unas funciones que no les corresponden y que les coloca en una posición de “poder emocional” respecto a quienes deben atender y acompañar con respeto a su autonomía.
Los estudios disponibles muestran que la inmensa mayoría de mujeres no se arrepienten cuando deciden interrumpir su embarazo, y, de hecho, la mayoría de abortos se realizan en las primeras semanas de embarazo. Y en los casos en los que se duda, la indecisión es previa al acto de demandar una interrupción del embarazo.
Estos procesos de toma de decisión se acompañan, por ejemplo, desde los centros de atención a la salud sexual y reproductiva y a la sexualidad que existen en diversas comunidades autónomas, en muchos casos dentro de la atención primaria, y que tienen todo el conocimiento, la experiencia y las herramientas profesionales y científicas para informar y acompañar a la mujer en su proceso autónomo de reflexión sobre las interrelaciones entre su deseo, sus valores, su realidad, sus capacidades y sus decisiones. Todo eso está lejísimos del hecho de ofrecer en una consulta un acto de impacto emocional puntual.
Para que disminuyan los embarazos no planificados y/o no deseados y el número de interrupciones de embarazo, las mejores herramientas son el acceso universal y gratuito a los métodos anticonceptivos, y la educación sexual. Esa educación sexual contra la que el vicepresidente se ha posicionado públicamente y que, como está ya probado, contribuye de una manera fundamental a la disminución de embarazos no deseados además de al apoyo a las familias. De hecho, cada vez aumenta más la demanda de dicha educación por parte de familias que quieren que sus hijas e hijos aprendan a aceptar y aceptarse como personas sexuadas, entender lo que les pasa en sus relaciones, poner límites y vivir su sexualidad desde el bienestar.
SEDRA-Federación de Planificación Familiar es consciente de que el anuncio de estas medidas forma parte de un ataque a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos de las mujeres, que además se repite en otras comunidades autónomas y en otros países de una manera coordinada. Es una obligación advertirlo, y también seguir trabajando por los derechos humanos.