En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, la salud sexual y reproductiva sólo aparece en uno de los programas del Ministerio de Sanidad, y sin partidas presupuestarias ni indicadores.
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022 asigna 527.108 millones de euros, lo que equivale a 11.132 euros por habitante, un 4,2% menos que el año en curso. De esta cantidad, al Ministerio de Sanidad le corresponden 2.547mill euros, es decir, un 19% menos que en 2021. Si analizamos los programas que componen el paquete presupuestario de este Ministerio, hay que destacar que la salud sexual y reproductiva (SSR) no aparece ni en la memoria de objetivos de los programas del sector ni en ninguno de los programas en los que se divide la misma, a excepción del Programa 313B: “Salud pública, sanidad exterior y calidad”. Tampoco existen partidas presupuestarias destinadas a este fin.
Entre las principales líneas de actuación previstas en el programa 313B en relación con la igualdad de género y, de manera más específica, con los derechos y la SSR, aparecen: …”potenciar la atención a la salud sexual y reproductiva de la población, con especial énfasis en el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, mejorando la información y educación para una salud sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos. También mejorando la calidad asistencial y manteniendo los niveles de seguridad en relación con la atención durante el embarazo, parto y puerperio, favoreciendo un clima de confianza, seguridad e intimidad, respetando la privacidad, dignidad y confidencialidad de las mujeres”.
Sin embargo, haciendo una lectura en detalle de esta formulación tan positiva observamos que no se contemplan indicadores que sirvan para cumplir con los objetivos y con las mencionadas líneas de actuación previstas en este programa, lo que nos parece preocupante. Los indicadores son elementos fundamentales que miden y muestran los cambios y progresos que se van realizando para conseguir el logro de los resultados, y esto lo sabe la Administración pública cuando impone a las organizaciones, como requisito imprescindible para acceder a sus subvenciones, que incluyan en sus proyectos indicadores específicos, medibles, relevantes, alcanzables y que reflejen el desarrollo de los programas a lo largo de todo el período de ejecución de los mismos.
¿Nos imaginamos una Agenda 2030 sin los 164 indicadores incluidos en ella? ¿Cómo sabríamos si hemos conseguido poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo? ¿Cómo sabríamos si hemos sido capaces de garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas a todas las edades?
Si los programas que componen el sector de la sanidad en los Presupuestos Generales del Estado no contemplan indicadores de salud sexual y reproductiva, nos tememos que esta no va a ser una prioridad y que las líneas de actuación previstas en relación con los derechos y la SSR podrían quedarse en una mera declaración de intenciones.
Recordemos que la salud sexual y la salud reproductiva constituyen un ámbito central de la salud, especialmente de la salud de las mujeres; por ello, todos los organismos internacionales lo reconocen como un requisito para el desarrollo de las comunidades y los Estados.
España, con la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, cuenta con una de las legislaciones más avanzadas de Europa en SSR, pero todavía queda mucho camino por recorrer, tanto para garantizar que las medidas contempladas en la misma pasen de ser un derecho a ser un hecho, como para ampliar sus contenidos y adaptarlos a la nueva realidad y diversidad en la que nos movemos ahora.
Necesitamos unos presupuestos que permitan:
- Mejorar el acceso a los servicios de salud sexual, salud reproductiva y planificación familiar, especialmente para quienes están en situación de mayor vulnerabilidad.
- Contar con servicios amigables de atención a la sexualidad y anticoncepción dirigidos a las personas jóvenes, al menos uno por cada comunidad autónoma, aumentado proporcionalmente esta cifra en aquellas comunidades con más de 100.000 jóvenes de entre 15 y 24 años.
- Garantizar una educación sexual integral en el espacio de la educación formal y en todos los niveles educativos, con un presupuesto específico para su desarrollo, formación del profesorado y contenidos basados en la salud y los derechos humanos, para propiciar una vivencia de la sexualidad sin discriminación o violencia.
- Ampliar la gama de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud y garantizar que las comunidades autónomas adquieran preservativos y anticonceptivos de urgencia para facilitar el acceso gratuito a jóvenes y mujeres con escasos recursos.
- Contar con servicios ginecológicos hospitalarios con capacidad para llevar a cabo interrupciones voluntarias de embarazo en todas las comunidades autónomas.
La cooperación internacional, un poco mejor:
Esto en lo que tiene que ver con el territorio estatal. Pero, ¿qué pasa en lo internacional? El programa de cooperación internacional para el desarrollo incrementa su dotación presupuestaria respecto al año en curso en un 60%. Esos 1.076 mill euros más, sin duda bienvenidos, hacen que España vaya a destinar el próximo año un 0,28% de su Renta Nacional Bruta para cooperación, aunque este porcentaje está todavía muy lejos del 0,7% establecido por la Agenda 2030.
La Política Exterior y de Cooperación plantea entre sus objetivos “transversalizar el enfoque GED[1] en los principales instrumentos de la Cooperación Española” y, entre sus acciones, la “protección del pleno ejercicio de los derechos a la salud sexual y el pleno ejercicio de los derechos reproductivos, desde una perspectiva de adaptación a la diversidad”, aunque nos surgen dudas sobre si dichos objetivos y acciones pueden alcanzarse con lo asignado a estas partidas en los presupuestos 2022. El tiempo nos dirá.
Los nuevos presupuestos deberían garantizar una inversión suficiente en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, recuperando progresivamente ese 15% de la Ayuda Oficial al Desarrollo estipulado en el III Plan Director de la Cooperación Española (2005-2008) para programas de género (distribuida en un 9% para género en desarrollo y un 6% para salud sexual y reproductiva).
También sería necesario que se incrementasen los recursos destinados a ayuda humanitaria[2] (muy alejados del 10% prometido por el actual Gobierno), destinando una parte de esos fondos a financiar proyectos y actuaciones dirigidas a garantizar los servicios de salud sexual y reproductiva en situaciones de emergencia.
En contextos de desastres naturales, conflictos armados y otras crisis humanitarias, las necesidades de servicios de salud sexual y reproductiva son generalmente relegadas a un segundo plano en favor de otros servicios, a pesar de que la falta de atención a la salud sexual y reproductiva en estos contextos supone una causa importante de morbilidad y mortalidad.
Todavía no está dicha la última palabra: los PGE 2022 están actualmente en fase de negociación con los grupos parlamentarios. Esperamos empezar el año próximo con unos presupuestos que garanticen el cumplimiento de los estándares y compromisos internacionales de protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Por eso hemos firmado, junto con más de 6o organizaciones, el manifiesto de ‘Impacto de Género ya’ con una serie de propuestas que esperamos que se tengan en cuenta en la tramitación del proyecto de los presupuestos en el Parlamento.
[1] Género en el Desarrollo.
[2] En 2008 la ayuda humanitaria presupuestada era de 350 millones de euros. Los PGE para 2022 contemplan destinar a este fin 27 millones de euros.