No está claro que este ámbito vaya a contar con los recursos necesarios en los Presupuestos Generales del Estado. Pedimos información precisa, y que se garantice su atención adecuada en la sanidad pública.
El presupuesto de gastos del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 es de 583.543 millones de euros, 12.302 euros por habitante, lo que supone un aumento del 10,7% respecto del ejercicio anterior. De esta cantidad, a la política de Sanidad le corresponden 7.049 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,7%.
En la memoria de objetivos del presupuesto del Ministerio de Sanidad, las referencias a la salud sexual y reproductiva se concentran en el Programa 313B Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad. Este programa comprende, a su vez, otros programas que contemplan de alguna forma la SSR: por un lado, el Programa de Promoción de la Salud y Prevención, que incluye un cuadro en el que se hace referencia a la SSR y a las interrupciones voluntarias del embarazo como “observación adicional” relativa a la salud de las mujeres, aunque sin especificar ninguna actuación concreta. Por otro lado, los Programas de Control de VIH, SIDA, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, que abordan la salud sexual en el ámbito de las infecciones de transmisión sexual (ITS).
Fuera del Programa 313B, solo hay otras tres referencias a la SSR en la memoria de objetivos: la mención de una Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva; la alusión a la SSR como una de las atribuciones del Observatorio de Salud de las Mujeres, y la asociación de la SSR al cumplimiento de las Metas 3.1 y 3.7 y al ODS 5 en un cuadro sobre gobernanza internacional en salud y compromisos de la Agenda 2030. De nuevo, se trata solo de referencias sin actuaciones concretas.
En cuanto al presupuesto por programas, el Programa 313B está dotado con 742.513.710 euros, lo que supone un incremento del 8,8% respecto del presupuesto asignado a este programa en el ejercicio anterior, que fue de 682.539.360 euros. Sin embargo, en este presupuesto las únicas partidas con denominaciones asociadas a la SSR son aquellas referidas a actuaciones sobre ITS, y no hay ninguna referencia a la SSR como tal.
Por lo que respecta al Ministerio de Igualdad, en su memoria de objetivos solamente se menciona la SSR en el Programa 232B Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. En este programa se prevé la participación de las mujeres en el diseño de políticas públicas sobre SSR entre otras cuestiones, así como la creación de un programa integral de salud sexual y reproductiva consistente en el desarrollo de acciones divulgativas. En el presupuesto del Programa 232B, el Programa de Salud Sexual y reproductiva está dotado con 255.000 euros, asignados a entidades del tercer sector entre las que se encuentra SEDRA-FPFE.
En general, la información proporcionada en el proyecto no permite establecer correspondencias claras entre lo expuesto en las memorias de objetivos y las partidas del presupuesto y, en particular, no permite valorar si la atención a la SSR contará o no con los recursos necesarios. El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo prevé importantes avances en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, pero solo podrán implementarse si cuentan con una dotación presupuestaria adecuada.
En este sentido, pedimos que los PGE proporcionen información clara y precisa que permita relacionar objetivos y partidas presupuestarias y, particularmente, identificar las partidas asignadas para implementar los avances legislativos previstos. En todo caso, desde SEDRA-FPFE reclamamos, una vez más, que los PGE provean los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada a la salud sexual y reproductiva en la sanidad pública, incluyendo el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Los presupuestos para la Política Exterior y Cooperación no permiten medir la relevancia del enfoque de género.
El proyecto de PGE avanza en la recuperación de la cooperación internacional, pero sigue sin poder medirse la sensibilidad de género y su relevancia, por la ausencia de marcadores y desglose presupuestario. El gasto total previsto en política exterior y cooperación para el desarrollo, de 2.426 millones de euros, es solo un 7,6% superior a los 2.256 millones destinados a esta partida en los presupuestos de 2022, en los que el incremento fue, en cambio, del 19,7%. Estas cifras quedan de nuevo lejos del compromiso asumido por el Gobierno, y reflejado en la Agenda 2030, de avanzar hacia el objetivo de destinar el 0,7% de la RNB a cooperación al desarrollo.
La AECID aumenta sus fondos un 42%, hasta los 698 millones de euros, y, en particular, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) aumenta un 52%, hasta los 593 millones de euros. Esto supone el mayor incremento en más de una década, pero deja el presupuesto de la AECID todavía en menos del 15% del total de la AOD, insuficiente para la institución encargada de ejecutar la mayor parte del presupuesto de la Cooperación Española. En el marco de las reformas de la AECID aprobadas en el Consejo de Cooperación, se apostó, además, por la creación de una Oficina de Cooperación Feminista con rango político y personal especializado, en coherencia con la Política Exterior Feminista, pero el proyecto de PGE no permite valorar si se han considerado estas propuestas.
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional contará con un presupuesto total de 306 millones de euros, con un leve incremento del 10% en la partida de personal funcionario, probablemente insuficiente para las necesidades de despliegue del sistema de cooperación en el próximo año. En cuanto al presupuesto para la ejecución de proyectos, programas y convenios a través de ONGD, este aumenta 20 millones, rondando los 110 millones de euros en 2023, una cantidad significativa, pero aún muy por debajo de la capacidad de ejecución del sector.
Cabe destacar que el impulso de una Política Exterior Feminista es un paso adelante que requiere contar con los recursos suficientes y los indicadores adecuados, algo que no se encuentra aún en el proyecto de PGE para 2023. Por ello, pedimos:
- Indicadores y datos desglosados que permitan medir la relevancia de género
- Transparencia respecto a los fondos destinados a cooperación y política exterior feminista
- Creación de la Oficina de Cooperación Feminista
- Aportación de fondos a organismos como UNFPA y ONU Mujeres
- Inversión suficiente en el ámbito de la SSR, según lo establecido en el III Plan Director de la Cooperación Española.
manifiesto ‘Impacto de Género Ya’
El proyecto de PGE para 2023 se encuentra actualmente en fase de tramitación parlamentaria y se han presentado múltiples enmiendas que deberán ser debatidas y votadas. Por lo tanto, todavía pueden lograrse mayores avances en la garantía de una atención adecuada a la salud sexual y reproductiva y al impulso de la Cooperación y la Política Exterior Feminista. Por eso hemos firmado con muchas otras organizaciones sociales el manifiesto ‘Impacto de Género Ya’ con una serie de propuestas que esperamos que sean tenidas en cuenta en la tramitación del proyecto de PGE.