Entrevistamos a Sarah Durocher, presidenta de la organización francesa Le Planning Familial, sobre el proceso que ha llevado a que el derecho al aborto esté en la Constitución de ese país.
Sarah Durocher es la presidenta de la organización francesa Le Planning Familial, a la que está vinculada desde que tenía 17 años. Esta activista feminista lleva más de veinte años luchando por los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, desde que empezó como educadora en un centro de planificación familiar.
¿Por qué tiene que estar en la Constitución francesa el derecho al aborto?
La anulación de la sentencia Roe contra Wade -que reconocía el derecho al aborto en Estados Unidos- el 24 de junio de 2022 supuso una auténtica conmoción. Además, se han producido numerosos ataques al derecho al aborto en países europeos, entre ellos la prohibición de la venta de anticoncepción de urgencia sin receta y la posterior vulneración del derecho al aborto en Polonia, la obligación de escuchar los latidos del feto antes de interrumpir un embarazo en Hungría, el prácticamente imposible acceso al aborto en Italia debido a la objeción de conciencia, el juicio a Vanessa Mendoza Cortés en Andorra por expresar a la ONU su preocupación sobre la prohibición total del aborto en Malta y la pena de cárcel asociada a un aborto clandestino… Las situaciones son múltiples y refuerzan la idea de que no existe excepción europea.
El contexto francés también está marcado por numerosas dificultades de acceso a este derecho, a pesar de un contexto legislativo que no ha hecho más que mejorar en los últimos diez años. De hecho, cuando la gente busca información en Internet sobre el aborto, tienen una de cada dos posibilidades de encontrar páginas web pertenecientes a movimientos antiabortistas, terreno abonado para la desinformación y la culpabilización, por no hablar de la gran cantidad de desiertos médicos, que complican el acceso a los profesionales sanitarios. En Francia, cuando se decide cerrar una unidad de maternidad, esto también significa el cierre de un centro en el que se practican abortos: en los últimos 10 años se han cerrado más de 130. También hay que recordar que el 17% de las mujeres tienen que trasladarse a otro departamento para abortar, lo que añade dificultades como el tiempo (tres citas obligatorias) y problemas financieros. Por último, existe una cláusula de doble conciencia específica para el aborto, lo que dificulta aún más el acceso a profesionales sanitarios que puedan ofrecer información fiable. Frente a estos datos alarmantes, nos encontramos también en un contexto nacional bastante favorable tras el anuncio de Emmanuel Macron, el 8 de marzo de 2023, de que el aborto se consagraría en la Constitución. El 80% de las y los franceses estaban a favor del aborto y el 66% a favor de la consagración del aborto en la Constitución. Una petición del 24 de junio de 2022, apoyada por nuestra organización, también recogió más de 180.000 firmas y se acompañó de una fuerte movilización ciudadana tras el lanzamiento por Le Planning Familial de una plataforma para instar a los senadores a consagrar el aborto en la Constitución
¿Cuál ha sido el papel de la organización en ese proceso, y a qué retos se han enfrentado?
Le Planning Familial francesa ha desempeñado un papel fundamental para convertir el aborto en un derecho constitucional. Esto ha sido posible gracias a la aplicación de varias estrategias. Una de las claves del éxito ha sido trabajar activa y estrechamente con diputados/as y senadores/as. Para la vinculación, organizamos reuniones periódicas cada seis semanas para reflexionar colectivamente sobre las estrategias a aplicar, la formulación que queríamos y la forma de comunicarlo, para unirnos y construir una relación más sólida. Parlamentarias y parlamentarios aliados pero no necesariamente comprometidos con el tema se han unido a este movimiento interpartidista. En este sentido, podemos felicitarnos por el papel unificador que hemos iniciado y consolidado a lo largo de las semanas, también respecto a asociaciones feministas francesas que (a menudo) no trabajaban juntas.
En el centro de nuestro trabajo y nuestros debates ha estado el compromiso. El proyecto inicial de Mathilde Panot contenía la redacción que queríamos porque defendía el derecho al aborto y el derecho a la anticoncepción para todas las personas. Sin embargo, también somos conscientes de que las victorias en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos son victorias de compromiso, como en el caso de la llamada ley del velo, que legalizó el derecho al aborto en Francia en 1975. Recordamos que esta ley se aprobó porque los avances progresistas se contrarrestaban con una serie de restricciones: las y los profesionales sanitarios contrarios a la práctica del aborto quedan protegidos por la cláusula de objeción de conciencia y, a la inversa, las numerosas enmiendas presentadas por la izquierda, como el reembolso del aborto, fueron rechazadas.
El mismo planteamiento se ha seguido para la constitucionalización del aborto. Tras el proyecto de ley presentado por Guillaume Gouffier Valente y votado en el Congreso, surgieron dudas sobre la redacción que se resolvieron con un dictamen del Consejo de Estado. Esto permitió una avanzar en el debate. Se planteó la distinción entre los términos «libertad» y «derecho», lo que permitió reafirmar que no hay diferencia entre estos términos jurídicos en la Constitución. Igualmente, la formulación adoptada fue la de «la libertad garantizada a la mujer para recurrir a la interrupción del embarazo», que a priori no menciona a las minorías de género como las personas transexuales o intersexuales. Sin embargo, el Consejo de Estado también ha publicado en su dictamen que afirmado que no hay diferencias en cuanto al acceso al aborto para cualquier persona que lo desee. Para garantizar esto se presentaron varias enmiendas para el debate, que fueron respondidas favorablemente por el Ministro de Justicia, Eric Dupont Moretti, y que quedaron recogidas en el acta de la sesión, un aspecto esencial de lo que constituye el «espíritu de la ley” y un precedente para el futuro. En cuanto al acceso efectivo para todas las personas, Le Planning Familial permanecerá vigilante y al lado de las personas con géneros minoritarios.
¿Piensa que este logro puede cambiar la situación del derecho al aborto en los países europeos?
Este logro puede tener un impacto importante en el derecho al aborto en los países europeos. Tras la inclusión del aborto en la Constitución hay una importante ola de interés por parte de otros países europeos: hemos recibido felicitaciones, pero sobre todo preguntas sobre cómo lo hemos gestionamos. Se ha creado una importante ola de esperanza, fuerza y voluntad de seguir luchando por más derechos. Nuestra organización es socia de la iniciativa ciudadana europea creada por My voice, my choice, que pide que la UE apruebe un mecanismo financiero que ayude a los Estados miembros que se adhieran voluntariamente a esta política a proporcionar atención del aborto a todas las personas que no tengan acceso a ella.
Le Planning Familial debe seguir mostrando su solidaridad con las activistas feministas de todo el mundo: la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y más concretamente al aborto en Europa, deben estar garantizados para todas las personas, sobre la base de la cláusula «Lo mejor de Europa para las mujeres». Por lo tanto, el derecho al aborto debe consagrarse en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
¿Qué escenario prevé en Europa a la luz de la acción de los grupos de extrema derecha?
Le Planning Familial francesa está en alerta ante el contexto y el auge de los grupos de extrema derecha y de los movimientos contra el derecho a decidir. Los ataques contra nuestras actividades y las presiones contra el lenguaje consensuado son cada vez más importantes en Francia y observamos este mismo escenario en Europa o en el sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, también hemos visto que las mujeres polacas han organizado grandes huelgas y movilizaciones para recuperar sus derechos, que las leyes francesas establecen sólo avances desde hace 10 años en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, o que en Dinamarca han alargado el plazo para abortar hasta las 18 semanas. No hay que olvidar todas estas victorias que han sido posibles gracias a la sociedad civil feminista.
Además, las instituciones de la Unión Europea también tienen un papel fundamental que desempeñar en esta lucha contra los movimientos que actúan contra el derecho a decidir: la adopción de la Directiva de la UE sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica es una excelente respuesta.
Creemos que los avances logrados en favor de la salud y los derechos sexuales y reproductivos son el resultado de largas luchas y de la colaboración permanente con todas las partes implicadas. Tenemos que ocupar el espacio frente al movimiento conservador. Le Planning Familial seguirá basándose en estos aspectos para avanzar hacia una sociedad más justa, progresista e igualitaria para todas las personas.
¿Cuál debería ser la acción prioritaria de las organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos?
Las acciones prioritarias deben pensarse en función de cada contexto nacional. Sin embargo, hay algunos principios que nos parecen esenciales en este contexto concreto de auge del conservadurismo y el extremismo en Europa. Mantener la unidad y colaborar con la sociedad civil y las organizaciones feministas es crucial para dar nuevos pasos que nos lleven a cambios importantes. Además, y desde nuestra experiencia nacional, la estrecha colaboración con los parlamentarios y parlamentarias y con aliadas/os fuertes es una de las claves para avanzar en salud y derechos sexuales y reproductivos.
En cuanto al contexto francés, el aborto ha sido consagrado en la Constitución francesa y podemos sentir satisfacción por este paso adelante. Pero los retos para el acceso real a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Francia y en todo el mundo siguen siendo importantes. En Francia, el acceso real al aborto debe estar en el centro de nuestro trabajo. Para eliminar las barreras que aún existen, es necesario asignar un presupuesto real y que los poderes públicos se hagan cargo de esta cuestión. Es esencial también la supresión de la doble cláusula de conciencia para el aborto, sobre todo porque esta sólo existe para este acto y no tiene ninguna justificación real. Le Planning Familial observa también que sigue existiendo un fuerte tabú en torno al aborto, por lo que es necesario romper el silencio cuando sabemos que una de cada tres mujeres abortará a lo largo de su vida. La atención al aborto se tiene que desmitificar.
La educación sexual integral es la clave para eliminar creencias populares sobre la salud sexual y reproductiva. Desde 2001, Francia cuenta con una ley que establece tres sesiones de educación sexual integral al año, desde la educación primaria hasta la educación secundaria. Sin embargo, su aplicación sigue siendo muy desigual: de acuerdo con una encuesta del Instituto de Estudios de Opinión y Marketing (IFOP), menos del 15% de los alumnos y alumnas de primaria y secundaria y menos del 20% del alumnado de primer ciclo de secundaria reciben las tres sesiones anuales previstas por la ley, aunque hace tiempo que la educación sexual integral ha demostrado su utilidad para reducir los estereotipos y prejuicios de género y para promover un enfoque más positivo de la salud sexual y reproductiva. Por eso Le Planning Familial, junto con Sidaction y SOS Homophobie, ha interpuesto una demanda denominada «Cas d’école» contra el Estado por no aplicar la ley de 2001.
Como parte de este proceso continuo de co-construcción, Le Planning Familial, junto con más de quince asociaciones de base y profesionales de la salud y de la educación, ha elaborado un libro blanco titulado «Por una verdadera educación sexual integral» con más de 46 recomendaciones sobre contenidos, gobernanza, presupuesto a asignar y dirección.
Desde la convicción de que la educación sexual integral es una piedra angular para cambiar las mentalidades y garantizar que la población esté informada de sus derechos, Le Planning Familial seguirá trabajando por ella con diversos actores como parlamentarios y parlamentarias, ministerios responsables y la sociedad civil (familias, asociaciones, etc.).