Dos años después de la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva, parece que vamos a contar con una nueva estrategia nacional. Esperamos que se centre en asuntos que siguen pendientes.
Tenemos un problema con la implementación de la Ley de salud sexual y reproductiva. Su redacción es ambiciosa, pero sin los mecanismos adecuados para su cumplimiento, su impacto real es limitado. No es una dificultad nueva: en 2010, la ley ya contemplaba una estrategia nacional de salud sexual para garantizar el acceso equitativo a información, educación y servicios, pero su desarrollo fue desigual y terminó quedando relegada. La reforma de 2023 introdujo avances importantes como la eliminación de barreras para la interrupción voluntaria del embarazo o la mejora del acceso a la anticoncepción y la atención de la salud sexual. Sin embargo, hasta ahora no se ha diseñado una estrategia que asegure su aplicación efectiva, y muchas de las medidas establecidas no se plasman en una hoja de ruta clara.
Ahora, con el proceso de elaboración de una estrategia finalmente en marcha, tenemos una oportunidad para corregir este patrón. En un contexto marcado por las desigualdades territoriales, dos elementos deben estar en el centro: la educación sexual y el acceso universal a servicios de atención de la salud sexual y reproductiva de calidad. La nueva estrategia debe ser un instrumento para cerrar la brecha entre comunidades autónomas, y garantizar que los derechos reconocidos en la ley se traduzcan en cambios estructurales en el acceso.
Educación sexual: una deuda pendiente
La educación sexual sigue siendo un tema pendiente. Aunque está contemplada en la ley de salud sexual y en la de educación, no hay una estrategia clara que garantice su aplicación en todo el sistema educativo. La falta de voluntad política permite que las comunidades autónomas decidan no implementarla y que esta decisión no tenga consecuencias, y la ausencia de un marco estatal definido deja la transversalidad abierta a interpretaciones que, en la práctica, justifican su omisión.
La nueva estrategia debe partir de una premisa clave: la educación sexual es esencial para la salud sexual. Debe incluirse en el currículo de forma sistemática y se debe asegurar que todas las comunidades autónomas implementen programas basados en la evidencia. Y, para ello, es fundamental la formación obligatoria del profesorado, ya que la educación sexual no se puede delegar ni en docentes sin preparación ni en actividades puntuales.
Acceso: inequidad territorial, financiación y estrategias autonómicas
El acceso a la salud sexual y reproductiva sigue siendo desigual según el territorio, lo que afecta especialmente a las mujeres. Aunque la ley hace hincapié en la accesibilidad, la disponibilidad de los recursos varía según la comunidad autónoma, la provincia e incluso el código postal, determinando el acceso a anticonceptivos, atención especializada y recursos adecuados. Mientras algunas comunidades han reforzado la atención en salud sexual, en otras sigue siendo un área desatendida.
La nueva estrategia nacional debe establecer criterios claros para evitar que el acceso a los servicios dependa de la voluntad política autonómica. Medidas como la eliminación del coste de los métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de la atención primaria como puerta de entrada han demostrado ser efectivas en algunas regiones, y deberían replicarse. También es clave la formación del personal sanitario para garantizar un enfoque integral de la atención.
Regulación de la objeción de conciencia: un punto crítico
En muchas comunidades, la interrupción voluntaria del embarazo sigue sin realizarse en el circuito público, obligando a las mujeres a desplazarse a otros territorios. La objeción de conciencia sigue siendo un obstáculo estructural, especialmente en regiones sin mecanismos efectivos para garantizar la prestación del servicio en la sanidad pública. Aunque la reforma de 2023 exige que las comunidades autónomas garanticen que hay profesionales disponibles en centros públicos, la falta de una regulación efectiva de la objeción sigue manteniendo barreras para el acceso a la atención del aborto, especialmente cuando se permite una objeción a la carta, adaptada a conveniencia y sin garantías reales para quienes necesitan el servicio. La nueva estrategia debe establecer criterios claros, garantizar recursos suficientes y regular la objeción para que no se convierta en una barrera que limite el derecho al aborto y su acceso en condiciones de equidad en todo el territorio.
En definitiva, la nueva estrategia nacional de salud sexual y reproductiva debe ser una herramienta efectiva para garantizar el cumplimiento real de los derechos reconocidos en la ley de 2023. Para ello, es fundamental que haya una planificación clara con objetivos concretos, financiación suficiente y compromiso institucional. Además, la estrategia debe contar con mecanismos de evaluación continua para medir su impacto y corregir deficiencias, así como con la participación activa de la sociedad civil, asegurando que las políticas respondan a las necesidades reales de la población y no queden sujetas a cambios políticos. Garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos a largo plazo es una necesidad, y la estrategia debe ser la herramienta para hacerlo posible.
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