El atlas europeo de políticas sobre aborto, iniciativa de EPF, muestra que hay avances importantes y también retrocesos. España falla en la aplicación de la ley en todos los territorios.
El atlas muestra que Suecia, Francia y Países Bajos cuentan con las más sólidas protecciones legales y despenalización completa del aborto, amplia disponibilidad de servicios, cobertura sanitaria nacional, información en línea gestionada por el gobierno y lucha contra la desinformación. En el otro extremo, los países con peor desempeño son Andorra, Malta y Polonia, con el aborto ampliamente penalizado y sancionado, el acceso y la atención clínica altamente restringidos o no disponibles, y falta de información gubernamental.
En cuanto a la situación legal del derecho al aborto, si bien 48 de los países analizados permiten el aborto bajo ciertas causales, solo un país garantiza la plena libertad de acceso al aborto. Nueve países aún incluyen el aborto en sus códigos penales, lo que expone a pacientes y proveedores a posibles sanciones. Y solo siete países ofrecen protección legal contra el acoso que sufren las mujeres que acuden a abortar a clínicas especializadas.
También persisten las barreras para el acceso al servicio: El aborto está disponible previa solicitud en 43 países, pero solo ocho países no imponen barreras obligatorias como períodos de espera, asesoramiento obligatorio o autorización de terceros.
En cuanto a la cobertura sanitaria y la prestación de servicios, tan solo 23 países cubren el aborto en el seguro o sistema nacional de salud, 11 países no ofrecen abortos farmacológicos y solo 5 países permiten la atención del aborto mediante telemedicina. La información fiable en linea sobre los servicios de aborto es ofrecida por 22 gobiernos.
Grandes desigualdades entre países
EPF ha resaltado durante la presentación del atlas los avances que se han producido en el reconocimiento del derecho al aborto en diversos países desde que se publicara la anterior edición de este estudio, en 2021. Se ha destacado que Francia ha plasmado el derecho al aborto en su Constitución y ha ampliado los plazos gestacionales para la práctica de la interrupción del embarazo; Luxemburgo y Países Bajos han suprimido los periodos obligatorios de espera; Dinamarca ha ampliado el plazo hasta las 18 semanas de gestación; Noruega ha mejorado el acceso a la prestación y Lituania ha legalizado el aborto farmacológico.
Pero durante la presentación del atlas se ha señalado también las adopción de nuevas restricciones al derecho al aborto en Bielorrusia, Georgia, Italia, Rusia, Malta y Eslovaquia, con procedimientos médicamente innecesarios, acoso a las y los profesionales sanitarios y desinformación.
España, en amarillo
La permanencia del aborto en el Código Penal y la dificultad para aplicar la ley que regula el aborto en diversas comunidades autónomas explica que España no esté situada entre los países con mejor desempeño. También se resaltan las dificultades de mujeres en situación irregular para tener acceso a los servicios sanitarios de aborto, la insuficiencia de la información pública y la inacción del Estado ante la desinformación sobre el aborto.
Recomendaciones
EPF y quienes han realizado el atlas instan a los gobiernos europeos a:
- Modernizar las leyes sobre el aborto para despenalizarlo y eliminarlo de los códigos penales.
- Garantizar la cobertura de los sistemas nacionales de salud, tratando el aborto como cualquier otro servicio médico esencial.
- Eliminar obstáculos innecesarios, como los períodos de espera, las autorizaciones de terceros y los procedimientos médicamente injustificados.
- Proporcionar información gubernamental precisa y contrarrestar la desinformación.
- Realizar investigaciones adicionales sobre las principales barreras para el ejercicio del derecho al aborto, como el estigma, las desigualdades geográficas, el precio, la denegación de atención y la carga de los viajes.
El Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) es una red que reúne a integrantes de parlamentos estatales y regionales, así como del Parlamento Europeo, que están comprometidos con estos derechos.