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Educación sexual a jóvenes privados de libertad: nuestra semilla

En 2021 pasaron por nuestros talleres de educación sexual más de 13.000 chicos y chicas. Un número enorme que puede hacer que todos parezcan iguales cuando no lo son. Si hay una intervención que destaca por su especificidad y su impacto, es la que realizamos en centros de medidas judiciales.

Los centros de ejecución de medidas judiciales -que, en realidad, se llaman centros para la reeducación y reinserción de menores infractores/as- son instituciones en las que residen chicos y chicas que han cometido delitos pero que no tienen la edad suficiente que la ley establece para ingresar en prisión. Precisamente desde la voluntad reeducativa (al menos sobre el papel), y teniendo en cuenta la plasticidad que adolescentes y jóvenes tienen para modificar sus actitudes y sus conductas, estos centros tratan (o deberían tratar) de ir más allá del castigo, para ofrecer la posibilidad de volver a integrarse socialmente.

Aunque integrados/as estaban, pero en espacios concretos, marcados en la mayor parte de los casos por la exclusión social. Muchas veces, estos chicos y chicas (mayoritariamente chicos) vienen de lugares estigmatizados, en los que sus habitantes son mirados/as con recelo, y donde la vulnerabilidad es el común denominador. Estamos ante jóvenes que, sin subestimar la razón por la que cumplen sus medidas, son más vulnerables también a la comisión de delitos, teniendo en cuenta que la delincuencia es un fenómeno social, no la suma de actos delictivos.

También son más vulnerables a “nuestras cosas”: conductas de riesgo que derivan en embarazos no planificados o en la transmisión de infecciones, maternidades/paternidades difíciles de gestionar, violencia de género y agresiones sexuales, y enormes dificultades relacionadas con la autoestima, la esfera psicológica y emocional, la presión de grupo o las habilidades interpersonales. Por todo ello realizamos educación sexual en estos espacios; y también porque como Naciones Unidas no se cansa de repetir, la garantía de los derechos humanos (y la educación sexual es uno de ellos) también es una obligación en los contextos de privación de libertad.

Una educación sexual que a veces se interpreta como “lo novedoso”; el jijijajá cuando “las del sexo” llegan a un centro de residencia permanente o semipermanente, que debe sentirse como algo parecido a una casa y donde chicos y chicas nos abren la puerta (bueno, lo hace el personal de seguridad), como si así fuera, y nos reciben en zapatillas de estar en casa. Pero otras veces, muchas, de hecho, vemos claramente que lo que hacemos está teniendo un impacto en ese momento.

Quizás porque tenemos más tiempo que en un instituto, porque los grupos son más pequeños, porque nuestro enfoque parte del respeto, la comprensión y la certeza respecto a esa plasticidad, que se traduce en empoderamiento. O porque tras muchos años trabajando, sabemos en qué tenemos que incidir para realizar una intervención transformadora (hasta donde llegamos) respecto al género, el consentimiento, el establecimiento de relaciones algo más positivas y la prevención de riesgos.

Ojo, que también nos “peleamos” desde el desacuerdo que implica ofrecer modelos alternativos. Y a veces nos vamos del centro sintiendo que lo que hemos hecho no ha valido para nada. Pero otras, las suficientes, sentimos que ahí hemos plantado una semilla, que nos hemos entendido, que alguien recordará aquello que dijimos en una situación concreta y cambiará algo.

Nos despiden con agradecimiento, pero verse seis horas al año es completamente insuficiente para abordar cuestiones tan profundas e importantes. Por eso tratamos de cederle el testigo a los equipos de los centros, que tienen muchos frentes abiertos, que carecen de tiempo, de protocolos, y a veces de la voluntad suficiente para involucrarse en un tema que es un follón. Pero incluso con todo eso, nuestra presencia es bienvenida y los años de trabajo se han convertido en confianza y respeto profesional. Este año ese testigo lo hemos pasado a través de un curso específico en el que han participado muchos de esos/as profesionales, con entusiasmo y compromiso. Porque la vulnerabilidad de estos chicos y chicas no puede abordarse sólo desde el ámbito personal y la resiliencia, sino desde la responsabilidad que tenemos todos/as los/as profesionales que les rodean.