En el Día Mundial de la Anticoncepción exigimos que se acabe con las desigualdades entre los territorios en el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva, a los servicios de anticoncepción y a los métodos anticonceptivos con financiación pública.
En nuestro país se ha avanzado mucho en las últimas décadas respecto al reconocimiento de que la salud sexual y reproductiva, y dentro de ella la anticoncepción, son un ámbito muy importante en la salud de las mujeres. Pero volvemos a tener que aprovechar el Día Mundial de la Anticoncepción para insistir en que ni es justo ni es efectivo que las mujeres tengan un acceso diferente a estos servicios dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan:
Ya lo señala la Sociedad Española de Contracepción en el manifiesto que ha hecho público con motivo del día mundial, y que SEDRA-FPFE suscribe: «Las sobresalientes diferencias hacen que se considere a la mujer como de primera, segunda o tercera, según la comunidad en que se resida, así como se observa disparidad entre provincias, ciudades y hasta distritos sanitarios. En aquellas comunidades donde se han implementado planes específicos y ambiciosos, hace más de 1 año, casos de Aragón, Comunidad
Valenciana y Cataluña, ya se recogen los primeros resultados positivos con la reducción de IVEs, embarazos no deseados, disminución de las ITS, financiación de los métodos anticonceptivos y constatables mejoras en la atención y accesibilidad a los métodos».
El proyecto de ley que modifica la ley de salud sexual y reproductiva vigente, y que se encuentra en trámite parlamentario, es una oportunidad para que se garantice de manera efectiva la atención de la anticoncepción en todo el territorio que cubre el Sistema Nacional de Salud. Un proyecto de ley que, si se aprueba, deberá acompañarse de una estrategia nacional, recursos, formación y coordinación. Además de, en primer lugar, voluntad política y reconocimiento de que estamos hablando de un ámbito de la salud que atraviesa la vida de todas las mujeres.
En el mundo avanza la capacidad de decidir sobre la anticoncepción…y también las desigualdades
Si miramos al mundo, también tenemos que hablar de grandes avances y de grandes desigualdades: mientras que en general crece el acceso a la anticoncepción voluntaria y a la autonomía corporal, ese derecho en el que hace hincapié el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), muchos países tienen sistemas sanitarios públicos casi inexistentes, y millones de mujeres o no pueden pagar los anticonceptivos o no pueden usarlos porque la discriminación y la desigualdad de género se lo impide.
La red europea Countdown 2030 Europe, a la que pertenecemos, ha recogido testimonios de jóvenes activistas de varios de estos países. Entre ellas está Claudia Lawson, que lucha en Ghana por la salud y los derechos sexuales y reproductivos y que explica algunos de los mayores obstáculos para que estos derechos se cumplan:
«Disponibilidad limitada de métodos anticonceptivos; acceso limitado a los servicios debido a la distancia a los establecimientos de salud; problemas adicionales para esta acceso para los y las jóvenes, las personas más pobres y las mujeres que no están casadas; miedo a los efectos secundarios; oposición cultural o religiosa; mala calidad de los servicios disponibles; sesgo de usuarias y proveedores en contra de algunos métodos; y barreras basadas en el género».
Por eso aprovechamos el día mundial de la anticoncepción para decir a las y los responsables de las políticas y presupuestos que esperamos que cumplan con todas las mujeres, que conviertan sus declaraciones en medidas y que, por nuestra parte, seguiremos trabajando por la maternidad deseada y para que todas podamos decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.