El invento del supuesto síndrome postaborto se desmonta muy fácilmente con la información veraz, con la ciencia y con el respeto a las mujeres y a los servicios públicos.
Es inaceptable que se use un invento para menoscabar la libertad de las mujeres, para hacer que los servicios sanitarios se vean ralentizados por trámites que ni son necesarios ni están justificados médicamente, y para “hacerse un sitio” en la competencia partidista. Es lo que parece pretender la propuesta de Vox, aprobada con los votos del PP, para que los servicios sanitarios y sociales municipales de Madrid informen a las mujeres sobre un supuesto síndrome postaborto.
El síndrome postaborto no existe. Invitamos a leer las guías de la Organización Mundial de la Salud, de los comités médicos internacionales y de los organismos que actualizan la clasificación de enfermedades. Pretender que se informe a quienes deciden interrumpir su embarazo sobre algo que no existe sólo parece buscar hacer daño a las mujeres y cuestionar su decisión; presionar a quienes las atienden y hacer perder tiempo y recursos al sistema sanitario y de atención social público, además de buscar “hacerse un sitio” en las competencias partidistas.
Desafortunadamente, las organizaciones y organismos expertos en salud sexual y reproductiva estamos familiarizados con este tipo de propuestas ajenas a la realidad y que recurren a un lenguaje que se repite en propuestas presentadas en diversas comunidades autónomas y en las acciones de los grupos contrarios a los derechos de las mujeres en todo el mundo.
Cuando una mujer decide interrumpir su embarazo no necesita que un servicio público cuestione esa decisión. Ha costado mucho que la palabra de las mujeres sea tenida en cuenta como para seguir repitiendo actos de menosprecio a su capacidad de reflexión y de acción. Obligar a que las mujeres reciban información de un síndrome inexistente no busca, muy seguramente, que cambien su decisión, puesto que es sabido que no suelen hacerlo, sino usarlas para sus batallas partidistas. Produce tristeza pensar que es así como algunos ven a las mujeres: como instrumentos para sacar rédito y crear impacto político. Es lamentable que se intente menoscabar la autonomía de las mujeres con este fin.
Rechazamos, por otro lado, que se quiera forzar a las y los profesionales de los servicios de salud y sociales a mentir y a incumplir la ley, cuando su cometido es ofrecer una información rigurosa y veraz. Y estamos seguras de que así lo van a seguir haciendo.
Invitamos a quienes han presentado esta propuesta y a quienes la apoyan a leer los resultados de los estudios científicos, que lo que muestran es que la interrupción voluntaria del embarazo es un procedimiento seguro y que la inmensa mayoría de las mujeres que lo realizan manifiestan sentir alivio. También manifiestan que tras la interrupción del embarazo han usado mejor los métodos anticonceptivos y, en los casos en que así lo han decidido, han sido madres. El objetivo de los servicios sanitarios y de los ámbitos legisladores y ejecutivos debe ser ese: que todas las maternidades sean deseadas.
Por último, queremos dejar constancia de que las reacciones ante esta propuesta nos reafirman en que, como se está manifestando públicamente, quienes prestan servicios de información seguiremos cumpliendo la ley y actuando de acuerdo con el consenso científico. Es decir: diciendo la verdad a las mujeres.