La prórroga impide responder a las necesidades actuales, también en lo relativo a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Lo dice el manifiesto de Impacto de Género Ya.
La prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 “supone mantener inalterada la asignación de recursos públicos en un contexto social, económico y geopolítico que ha cambiado de manera significativa” desde 2023 y, al no responder a las necesidades de la realidad actual, “pone en riesgo el cumplimiento efectivo de derechos fundamentales y convierte en meras declaraciones de intenciones los compromisos recogidos en las leyes.”
Este es uno de los principales mensajes del Manifiesto feminista ante los No-Presupuestos Generales del Estado 2025, elaborado por la plataforma Impacto de Género Ya y presentado en un acto público en el Congreso de los Diputados. Desde SEDRA hemos contribuido a elaborar partes del manifiesto, que hemos firmado con muchas otras organizaciones de la sociedad civil. Aquí ponemos el foco en las peticiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), tanto en el ámbito estatal como a través de la cooperación internacional.
Debe fortalecerse la sanidad pública para garantizar una adecuada atención a la salud y los derechos sexuales y reproductivos
Los PGE prorrogados para 2025 reducen el gasto sanitario a 1.022 millones de euros, muy por debajo de los 2.746 millones de euros de 2023, debido en parte a la finalización de programas financiados con fondos europeos. Debe tenerse también en cuenta que el Ministerio de Sanidad representa menos del 10% del gasto sanitario total, ya que la mayor parte de la financiación corresponde a las comunidades autónomas (CCAA), entre las que existe una gran disparidad.
El Programa 313B Salud Pública, Sanidad Exterior y Calidad comprende, a su vez, entre otros, el Programa de Promoción de la Salud y Prevención, que incluye referencias a la salud sexual y reproductiva (SSR) y a las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE); y los Programas de Control de VIH, SIDA, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, que abordan la salud sexual en el ámbito de las infecciones de transmisión sexual (ITS). En los PGE 2025, el Programa 313B cuenta con 717.728.970 €, una dotación que apenas ha variado desde 2023.
Como en ejercicios anteriores, la información proporcionada en los PGE no permite establecer correspondencias claras entre lo expuesto en las memorias de objetivos y las partidas del presupuesto. En todo caso, la implementación de la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo conlleva importantes avances en materia de derechos sexuales y reproductivos que deberían haberse correspondido con un incremento significativo del presupuesto sanitario.
Pedimos:
- Información clara y precisa que permita relacionar partidas presupuestarias y objetivos, en particular los fondos destinados a implementar la legislación aprobada.
- Recursos suficientes para garantizar una atención adecuada a la SSR en la sanidad pública, en particular el ejercicio del derecho a la IVE y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos eficaces y de última generación, incluyendo el tratamiento postcoital.
Se necesitan más recursos en la cooperación al desarrollo para cumplir los compromisos asumidos e impulsar la Cooperación Feminista
La prórroga presupuestaria para 2025 mantiene la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) muy por debajo de los compromisos internacionales recogidos en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en particular el de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a la AOD, que desde 2023 apenas ha alcanzado un exiguo 0,24% de la RNB.
El Programa 143A de Cooperación para el Desarrollo, la principal partida estructural para la cooperación, cuenta con menos de 1.000 millones de euros, una dotación insuficiente para desplegar el Plan Director y la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que sigue estancada en 700 millones de euros, lo que representa menos del 20% del total de la AOD española. Falta también una estructura específica para la Cooperación Feminista, con un diseño claro y recursos suficientes.
Pedimos:
- Incremento de la AOD para cumplir los compromisos asumidos y asignación específica del 6% a la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
- Creación de una Oficina de Cooperación Feminista, en el marco de la reforma de la AECID, con rango político y los recursos humanos y económicos necesarios.
- Aportación de fondos suficientes a organismos como el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Mujeres y a organizaciones de la sociedad civil.