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Valoramos positivamente el proyecto que busca reformar la ley

El proyecto de ley sobre salud sexual y reproductiva e IVE reconoce derechos que ya estaban en la ley del 2010 y se habían restringido posteriormente, e incluye nuevas medidas que suponen una normalización de aspectos importantes de la salud sexual y reproductiva.

La Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo ha permitido que se cumpla el derecho al aborto en el Estado español. Sin embargo, es una ley mejorable, especialmente después de que en el año 2015 el gobierno del PP aprobara una reforma de dicha ley que supuso suprimir algunos derechos, como el de las mujeres de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo si así lo decidían, y después de que los distintos diagnósticos hechos por SEDRA-FPFE y otras organizaciones y sociedades científicas hayan constatado que existen desigualdades entre comunidades autónomas en la aplicación de la ley y que está pendiente de una aplicación plena una estrategia nacional de salud sexual y reproductiva que se metido y sacado del cajón dependiendo del Gobierno de turno.

Por tanto, este proyecto para reformar la ley vigente es una oportunidad para impulsar medidas existentes pero todavía no aplicadas, para introducir nuevas medidas que respondan a las recomendaciones internacionales y a las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la ciudadanía, y para volver a reconocer el derecho a decidir a todas las mujeres.

Agradecemos al Ministerio de Igualdad que nos haya incluido entre las organizaciones sociales especializadas a las que se ha pedido opinión y con las que se ha contado en el proceso de interlocución para la redacción del proyecto de ley. SEDRA-FPFE quiere agradecer también el liderazgo y la movilización del movimiento feminista, que ha sido fundamental para que organizaciones como la nuestra podamos defender el cumplimiento de derechos que son imprescindibles en una democracia. 

Respecto al contenido del proyecto:

A la espera de poder valorar el texto completo, desde SEDRA-FPFE:

  • Nos felicitamos porque las mujeres de 16 y 17 años vuelvan a tener el derecho de interrumpir su embarazo sin tener que contar con el permiso de progenitores o tutores legales. Cuando este derecho estaba vigente, con la ‘ley de Zapatero’, el 98% de las mujeres de esta edad iban a abortar acompañadas de sus madres, padres o tutores legales. Sólo una mínima cantidad de mujeres iban con unas circunstancias familiares muy específicas y graves que impedían obtener ese permiso. Esas mujeres no pueden ser abandonadas y su decisión de interrumpir el embarazo no puede dejarse en manos de personas ajenas a ellas. Con este proyecto de ley la decisión será de ellas.
  • Es un paso importante que se suprima el periodo de 3 días de reflexión. Las mujeres no necesitan que se les imponga un periodo de reflexión que no se impone en otros casos. Cuando se toma una decisión sobre la interrupción de un embarazo la reflexión ya se ha hecho. También nos felicitamos por la eliminación de la obligatoriedad de recibir un sobre con información sobre maternidad para poder recibir la prestación sanitaria. Sobre que, por cierto, en algunas comunidades autónomas tiene contenido sesgado y dirigido a disuadir a las mujeres respecto a la decisión tomada.
  • Establecer la red sanitaria pública como la de referencia para la interrupción voluntaria del embarazo puede garantizar que no sigan existiendo desigualdades entre comunidades autónomas en la atención del aborto en el sistema hospitalario público, y creemos que también contribuye a normalizar esta prestación sanitaria. Hasta ahora, hay mujeres que tienen que desplazarse fuera de sus lugares de residencia para poder interrumpir su embarazo.

    Hay que destacar el fundamental papel que las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo cumplen para que las mujeres puedan abortar en el Estado español. Creemos que hay que hacer un gran reconocimiento a todas y todos sus profesionales, que cuentan con una formación de calidad y con un compromiso para dar un servicio a veces en condiciones duras, con amenazas e insultos en las puertas de las clínicas. Por eso creemos que hay que garantizar que las interrupciones que se realizan en estos centros se hacen sin acoso ni coacciones de ningún tipo, y que la especialización y experiencia de quienes forman parte de las clínicas son tenidos en cuenta.
  • Respecto a la formulación para conciliar el derecho a la objeción de conciencia y el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, el proyecto está en concordancia con lo que hemos propuesto junto con otras sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología y la Sociedad Española de Contracepción: la conciliación es perfectamente posible. Se trataría de identificar necesidades en cada área sanitaria, de modo que se pueda garantizar la interrupción del embarazo en todos los servicios correspondientes. Valoramos positivamente la propuesta de crear un registro de personas objetoras, porque sólo contando con un registro se podrá organizar la prestación de servicios y por tanto garantizar la atención a las mujeres.
  • El gobierno ha anunciado la ampliación de la financiación de los métodos anticonceptivos, incluidos los más eficaces y nuevos, acercándose así a la resolución de una necesidad histórica: la de que todas las mujeres tengan acceso a todos los métodos anticonceptivos modernos mediante la financiación pública. Sin embargo, SEDRA-FPFE considera que la financiación debería ser plena y de todos los métodos anticonceptivos. Este punto es especialmente importante para las mujeres más jóvenes, que suelen estar en una situación económica más precaria, y para mujeres que están en situación de vulnerabilidad. La anticoncepción es un aspecto básico y muy importante en la vida de las mujeres, y un ámbito que está recogido en el Sistema Nacional de Salud y que por tanto debe contar con la suficiente financiación de los productos y suministros relacionados con dicho ámbito.

    Lamentablemente la financiación de la anticoncepción es muy desigual entre comunidades autónomas, y además depende también de planes municipales, lo que hace que los criterios no estén estandarizados para todo el territorio estatal. La financiación pública de la anticoncepción debe estar garantizada en todos los territorios.
  • Valoramos positivamente también la promoción de las buenas prácticas gineco-obstetras y de parto respetado, y el anuncio de la aplicación de un protocolo acorde con las recomendaciones internacionales.
  • Esta reforma de la Ley 2/2010 se convierte en pionera en Europa en el reconocimiento del derecho a la salud menstrual al regular una incapacidad temporal pagada para reglas incapacitantes. Es un reconocimiento de que a veces la menstruación supone tanto dolor y tanta incapacidad  que impide trabajar. Y como lamentablemente persiste la invisibilidad y estigmatización de la menstruación, muchas mujeres que padecen estos problemas ni siquiera piden asistencia sanitaria y ven muy mermada su capacidad laboral. El hecho de que este motivo de incapacidad se explicite puede precisamente contribuir a la normalización y visibilidad de un proceso tan natural como la menstruación pero que a veces puede causar problemas que impiden a las mujeres acudir al puesto de trabajo.
  • Por otro lado, la ley se queda corta en relación con algunos avances que se habían anunciado. Entre otras cuestiones, no se ha incluido la prometida reducción del IVA del 10% al 4% en los artículos de higiene menstrual, que son de primera necesidad, y la baja remunerada previa al parto debería reconocerse al menos desde la semana 36, en lugar de solo desde la 39, como aparece en la ley. En este sentido, pensamos que sigue habiendo un importante margen de mejora.
  • Por último, nos preocupa que esta ley, al presentarse como una reforma de la vigente en lugar de como una nueva, pueda ser vulnerable al recurso que presentó el PP en su momento ante el Tribunal Constitucional. Nos parece inaceptable que tanto las y los profesionales que trabajan en el ámbito de las interrupciones voluntarias de embarazos como las mujeres tengan que sufrir una inseguridad jurídica respecto a un derecho que está basado en la salud, la ciencia y los derechos humanos, entre ellos la autonomía corporal y la libertad reproductiva.

Esta reforma de ley, en definitiva, va a necesitar ser mejorada en algunos aspectos para garantizar que el acceso a la información, a los servicios y a los derechos puede ser disfrutado por todas las mujeres. Pero creemos que contribuye a consolidar derechos sexuales y derechos reproductivos que, aunque pueda creerse que están conseguidos y consolidados, hay que seguir protegiendo y defendiendo, como lo demuestran las presiones que se están sufriendo en diversos países de todo el mundo para que desaparezcan.