La campaña internacional #yodecido pone el foco en las mujeres y niñas que todavía no tienen acceso a uno de los mayores avances en salud pública del último medio siglo: el acceso a la anticoncepción.
Parlamentarias/os de 57 países piden también a los gobiernos que garanticen la educación sexual y “sistemas de salud que incluyan el acceso universal a los servicios completos de salud sexual y reproductiva”.
Parlamentarias/os se han reunido con Regina Fonseca, que ha denunciado la decisión del parlamento de Honduras de mantener penas de cárcel para las mujeres que abortan.
Allí han estado la FPFE y la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares (APFCiB), para que los derechos sexuales y reproductivos estén en las políticas de cooperación y desarrollo. Los datos no son buenos.
Guillermo González Antón, médico y docente en el ámbito de la sexología, es el nuevo presidente de la FPFE en relevo del también médico Luis Enrique Sánchez, quien continuará aportando su experiencia a la organización.
Hace cinco años se aprobaba el Decreto-Ley 16/2012 que modificaba el Sistema Nacional de Salud excluyendo a cientos de miles de personas y reduciendo la cartera básica de servicios para el conjunto de la población.
La Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balear (APFCiB) ha realizado un acto paralelo durante las sesiones de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer.
A invitación de Médicos del Mundo, participamos en una conversación pública sobre la situación de la salud sexual y reproductiva en el Estado español y en la Comunidad Valenciana.
Las sesiones de la CPD han terminado sin documento final de consenso. No todos los Estados han querido reconocer los derechos reproductivos y la educación sexual como elementos necesarios para el desarrollo.
Se extiende así el alcance de la educación sexual y la prevención de riesgos a mujeres y hombres inmigrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad y con las que esta asociación trabaja.
